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MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los tres exgobernadores mexicanos (uno
interino) acusados de estar involucrados con cárteles del narcotráfico
son priistas, y dos de ellos gobernaron en entidades sacudidas por la
violencia, los altos índices delictivos y la inseguridad.
El
primer exmandatario vinculado a las organizaciones de la delincuencia
organizada fue Mario Villanueva Madrid, quien gobernó Quintana Roo de
1993 a 1999 y estuvo prófugo de la justicia más de un año hasta que fue
detenido en 2001, para ser extraditado a Estados Unidos en mayo de 2010.
En el vecino país, el pasado 28 de junio de 2013 fue condenado a 131
meses de prisión tras declararse culpable de lavado de dinero; en México
recibió también sentencia condenatoria por el mismo delito en junio de
2008. (La entidad peninsular es la única de las tres gobernadas por
mandatarios inculpados por presuntos vínculos con la delincuencia
organizada que no figura entre las más convulsionadas por la violencia y
la inseguridad.)
A principios de 2012, al inicio del proceso
electoral presidencial de dicho año, se filtró a la opinión pública la
presunta persecución de tres exgobernadores tamaulipecos. Sin embargo,
poco tiempo después quedó claro que el único expediente que logró
integrarse en Estados Unidos fue en contra de Tomás Yarrington, a quien
acusan de introducir al vecino país, a través de prestanombres, más de 7
millones de dólares, entre 2008 y 2012, presuntamente provenientes del
Cártel del Golfo.
De acuerdo con información difundida en el
noticiario de Carmen Aristegui, en MVS, el pasado 21 de marzo, después
de dos años de acusaciones, el fiscal Kenneth Magidson, del sur de
Texas, firmó la solicitud para que la Corte con sede en Brownsville gire
la petición de arresto con fines de extradición del exgobernador
mexicano.
El más reciente caso es el de José Jesús Reyna García,
exgobernador interino y exsecretario de Gobierno del estado de
Michoacán, quien fue arraigado desde el sábado 5 de abril por presuntos
vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios. Jesús Murillo
Karam, procurador general de la República, confirmó el 7 de abril que,
de acuerdo con las investigaciones, podían tener la certeza de que Reyna
había tenido reuniones con líderes de las organizaciones que operan en
el estado, y “hasta con el líder más importante”.
Los
señalamientos de que el PRI había establecido algún tipo de convenio con
el principal cártel asentado en la entidad se hicieron públicos desde
el mismo 2011, durante el convulsionado proceso electoral para la
renovación de la gubernatura. El 2 de noviembre de ese año, 11 días
antes de la jornada electoral, fue asesinado el alcalde panista de La
Piedad, y el mismo día de los comicios apareció en el periódico AM de
dicho municipio un desplegado firmado por el cártel advirtiendo: “A toda
la población le queremos decir que no queremos más PAN en ningún nivel
de gobierno, ya que tienen pactos con grupos que roban, extorsionan,
violan y secuestran a gente inocente. No usen playeras ni propaganda del
PAN, no queremos confundirlos y que haya muertos inocentes”.
Dichos
acontecimientos movieron al mismo presidente Felipe Calderón a
denunciar, el 6 de diciembre de ese mismo año, la presencia del crimen
organizado en los procesos electorales. Posteriormente, los
señalamientos se fueron centrando en Reyna, y entre las denuncias
públicas que se hicieron se encuentran las de José Manuel Mireles, uno
de los líderes de las autodefensas, y la filtración de un supuesto
informe del entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Elías
Álvarez, que consignaba dos reuniones de Reyna con Servando Gómez, La
Tuta, durante el proceso electoral.
Lo cierto es que, hoy, dos
(Michoacán y Tamaulipas) de las tres entidades (la tercera es el Estado
de México) que concentran la atención del gobierno federal en materia de
seguridad, también comparten el presunto involucramiento de
exmandatarios tricolores con los grupos del crimen organizado.
En
Michoacán y el Estado de México, el gobierno federal ya decidió, aunque
por vías muy distintas, asumir directamente el control de las fuerzas
policiacas; mientras que en el caso de la entidad fronteriza es
inexplicable la pasividad que han mostrado frente a las repetidas olas
de violencia e inseguridad. La última oleada comenzó el 31 de marzo con
enfrentamientos y narcobloqueos en Matamoros; continuó al día siguiente
en Reynosa; y sus más recientes expresiones se dieron la semana pasada
en Tampico, es decir, en el extremo sur de la entidad, con tiroteos y
persecuciones que causaron la muerte de 28 personas, de acuerdo con el
mismo gobierno.
Sin embargo, Tamaulipas vive bajo fuego
prácticamente desde 2007, un par de años después de que concluyó su
periodo (1999-2005) Yarrington y cuando Alejandro Sáenz, entonces
dirigente estatal del PAN, denunció que era el narcotráfico el que
quitaba y ponía candidatos. La lista de crímenes va desde los casi 300
cadáveres localizados en diversas narcofosas en San Fernando; los
asesinatos, secuestros y desapariciones de periodistas; los atentados
contra medios de comunicación; los desalojos masivos de municipios; los
secuestros de camiones de pasajeros repletos, y hasta el asesinato del
candidato priista a gobernador una semana antes de la elección en 2010.
A
pesar de esto, el gobierno federal se ha limitado a enviar más tropas
federales y a apoyar con los operativos por las vacaciones de primavera.
Aun cuando las condiciones de violencia e inseguridad (como se muestra
en Proceso 1953) son iguales o peores que las que prevalecían en
Michoacán (enero) y en el Estado de México (marzo), cuando la Secretaría
de Gobernación decidió tomarlas bajo su control.
El crimen
organizado controla amplias regiones del territorio tamaulipeco desde
hace casi una década, pero inexplicablemente nunca ha sido motivo de una
intervención especial del gobierno federal, como sí lo fueron Chihuahua
(particularmente Ciudad Juárez, durante el sexenio de Calderón) y ahora
Michoacán y el Estado de México. Una intervención mayor en la entidad
fronteriza eventualmente evidenciaría complicidades todavía más graves
que la que hoy se presume en Michoacán.
Probablemente por eso el
gobierno federal optó por una vía distinta en el Estado de México y por
la inacción en el caso de Tamaulipas; prefiere tolerar la violencia y la
inseguridad que descubrir más vínculos de sus mandatarios o
exmandatarios con el crimen organizado. Seguramente estos vínculos y
complicidades no son exclusivos de los gobernadores tricolores, pero
hasta el momento sus entidades son las que muestran estas coincidencias:
altos niveles de inseguridad e investigaciones judiciales en marcha.
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